El pasado lunes 13 de julio, el Ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, informó que el MINERD está contemplando un protocolo sanitario para el retorno a clases. El mismo implementaría un sistema semipresencial para minimizar el riesgo de contagio de la COVID-19.
Dicho comunicado, suscitó inmediatamente un sinnúmero de comentarios y artículos que criticaban de manera ofensiva dicha posibilidad. Como madre y educadora interesada en el tema, el martes 14 pasé varias horas navegando en Internet y encontré todo tipo de críticas al respecto, pero ninguna contrapropuesta constructiva. Es fácil criticar, pero se nos olvida que esta situación no tiene precedentes, que la incertidumbre es la misma para todos y que el MINERD se enfrenta a un gran reto para el cual no hay una solución 100% correcta. En tal sentido, entiendo que no se trata de un tema político en el que unos discuten contra otros. Estamos hablando de una pandemia y de la posible violación a dos derechos fundamentales de nuestros niños: derecho a la salud y derecho a la educación. Los derechos humanos son inexorables y es nuestro deber garantizárselos a nuestros niños.
Conocer el contexto y hacer un buen diagnóstico de la situación posibilita una toma de decisión acertada. Por lo tanto, sabiendo que las condiciones de nuestras escuelas y colegios son muy dispares, resulta ilógico tomar una decisión que implique la misma medida para todos. Así mismo, las condiciones varían de una familia a otra y de un nivel educativo a otro. Por ejemplo, una escuela que no tiene agua, no podrá cumplir con el protocolo de higiene de la misma manera que una escuela que sí la tiene, ni un estudiante de Nivel Inicial podrá tener un aprendizaje autónomo a distancia como lo tiene un estudiante de Secundaria. Tampoco la formación de los docentes o la disponibilidad de dispositivos electrónicos es la misma para todos.
Debemos transparentar nuestra realidad si queremos tomar buenas decisiones. Son muchos los aspectos a tomar en cuenta para garantizar una educación de calidad a distancia. El repartir tabletas no asegura el cumplimiento curricular, a menos que se tengan buenos servicios de electricidad e Internet, eficiente manejo del dispositivo, un docente que sea capaz de impartir clases interactivas en línea y sobre todo, una edad que permita aprender sin elementos concretos. Respecto a este último punto, sabemos que el Nivel Inicial y el primer ciclo de Primaria persiguen un desarrollo de competencias que, por las características madurativas propias del estudiante que frecuenta estos grados y de los requerimientos didácticos, resulta imposible conseguir a plenitud con una educación totalmente a distancia.
Por lo tanto, sugiero que se haga una matriz para que cada centro pueda aplicar una medida u otra de acuerdo a sus características particulares, tomando en cuenta criterios como disposición de espacio físico por estudiante, capacidad para seguir un protocolo de higienización y distanciamiento, conectividad, edad del estudiantado, entre muchos otros.
Algunos de los artículos que criticaban el comunicado del Ministro de Educación decían que este no era un tema económico, que lo primordial debía ser la salud. En realidad, yo no creo que una cosa este muy desligada de la otra. Me explico: si en una familia monoparental o una familia de dos padres con sueldos muy bajos, el tutor debe dejar de trabajar para cuidar a los hijos que no son recibidos en la escuela, los niños terminarán desnutriéndose. Por tanto, la precaria situación económica de la familia tendrá un impacto negativo en la salud de sus miembros.
No sugiero que las clases sean presenciales, semi presenciales o a distancia. Lo que sugiero es que se definan las condiciones que harían posibles cada modalidad cuidando los protocolos de salud. Hay que tomar medidas equilibradas recordando que esto puede durar varios años. Seamos sensatos y provoquemos espacios de diálogo en los que podamos buscar soluciones conjuntas que además de protegernos de la Covid-19, cuide el bienestar de las familias y la salud psicológica de nuestros hijos.
Esta es una excelente oportunidad para que las instituciones educativas públicas y privadas se unan en la búsqueda de soluciones sostenibles.
